EVALUACIÓN DE USOS Y OCUPACIÓN

La ocupación de los archipiélagos se ha dado en la medida en que estos aportan recursos y servicios importantes para sus habitantes y usuarios. Al evaluar el uso actual de las islas a partir del análisis de coberturas como reflejo sintetizador o fenosistema de los atributos y dinámicas que sobre los suelos se generan, se determinaron categorías generales de uso sobre el territorio las cuales se resumen en 5: de conservación, recuperación, turística, agrícola y urbano. En la Tabla 3-6 se puede observar que las zonas que tienen mayor área son las que tienen un uso de conservación, con 163,3 hectáreas correspondientes al 49 % del territorio en el caso del archipiélago del Rosario y 301,3 hectáreas correspondientes al 72 % del territorio en el caso del archipiélago de San Bernardo. Estas zonas son las concernientes a los ecositemas de playas, manglares, lagunas costeras y bosque abierto bajo de tierra firme.

TABLA 3-6 USOS DEL SUELO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.

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Como resultado del análisis, se observa para ambos archipiélagos, que sobre las terrazas arrecifales se genera el zonobioma seco tropical, en el cual se puede encontrar suelo fértil para el establecimiento de zonas agrícolas e infraestructura para vivienda (zona urbana y turismo) pues se encuentra por fuera de áreas inundables por las mareas. Adicionalmente sobre este bioma, es interesante observar la presencia de vegetación secundaria en diferentes estados sucecionales de bosque seco tropical como cobertura natural principalmente en Isla Grande e Isla Rosario. En la primera, se observa la recuperación del bosque en diferentes fases de sucesión aparte de las zonas donde se han establecido las zonas urbanas, factor que obedece a decisiones propias de la comunidad afro que en ella habita, pues prevaleció su recuperación por sus servicios ecosistémicos potenciales que sobre su uso. Y en Isla Rosario porque está dentro del Parque Nacional Natural el cual genera una zonificación de manejo como zona intangible, permitiendo su conservación.

Las coberturas de manglar y lagunas costeras se encuentran principalmente sobre el halobioma, el cual genera condiciones adversas para la construcción de viviendas y cultivos, estas coberturas se encuentran dentro de un uso de conservacion y aprovechamiento como zonas turísticas. Las playas también tienen un uso como zonas turistícas pero se encuentra sobre el psamobioma. Como se observa, las zonas turísticas se encuentran principalmente asociadas a la cercanía del mar. En la Figura 3-1 se puede observar la representación de los usos del suelo en los dos archipiélagos.

FIGURA 3-1. REPRESENTACIÓN DE PATRÓN DE USOS DE LOS ARCHIPIÉLAGOS.

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Fuente: Incoder, UJTL, 2013.

Las diferentes actividades desarrolladas no necesariamente responden a una previa reglamentación de usos permitidos, sino a una práctica de facto que se gestó durante muchas décadas bajo la voluntad de los ocupantes ante la precaria presencia institucional para su control.

Análisis histórico de ocupación del territorio insular

En este capítulo se analizará el cambio de coberturas frente a la progresiva ocupación humana a partir de seis tipos de cobertura: territorio artificializado, cobertura agrícola, manglar, cuerpos de agua y bosque seco en Isla Grande y Tintipán para los períodos de 1957-2013 y de 1954-2012, respectivamente.

Cambios históricos del uso del territorio en Isla Grande

Para Isla Grande se observa hacia el año de 1957 evidencia de asentamientos humanos, con alrededor de seis focos artificializados (0,8 ha) alrededor de la línea costera y cobertura agrícola extensa que ocupa 46,5 ha. Para esta época pescadores afrodescendientes de la isla de Barú ya se habían asentado en el territorio estableciendo ranchos y delimitando terrenos; la industria cocotera estaba en declive por la enfermedad de la “porroca” acabando con la mayoría del área cultivada, y los cultivos de coco estaban siendo reemplazados por plantas de producción rápida como patilla, melón, ahuyama y yuca, entre otros (Ordosgoitia, 2011). Esta transición a cultivos de pequeña escala explica la baja tasa de transformación que muestra en el período 1957-1976 la cobertura agrícola y de bosque seco. Se destaca la recuperación del área de manglar en un 24 % (8,8 ha), aun así, el territorio comienza lentamente a urbanizarse a una tasa de 0,15 ha por año (Figura 3-2) alcanzando un incremento del 450 % en solo 20 años.

Para los años 70 se observa una mayor cantidad de construcciones especialmente en el noroeste de Isla Grande. En el período 1976-1983 se observa la mayor tasa de deforestación con cerca de 2,5 ha anuales (Figura 3-2). Este incremento en la deforestación se explica por el clareamiento del bosque para la venta de lotes.

FIGURA 3-2. TASA DE CAMBIO EN LAS COBERTURAS PARA EL PERÍODO 1957-2013 EN ISLA GRANDE.

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Fuente: Incoder, UJTL, 2013.

Debido a la baja productividad del suelo y sus precarias condiciones socioeconómicas, los ocupantes de Isla Grande comenzaron a vender la posesión material de los terrenos a personas adineradas, a entidades particulares y oficiales como la Sociedad de Amor a Cartagena y a la Armada Nacional. La ocupación del terreno para casas de recreo y la práctica de la pesca deportiva enmarcó el comienzo de la bonanza del turismo en las islas (Durán, 2004). Esta tendencia puede observarse también en el incremento de las construcciones, aumentando un 77 % en 6 años (Figura 3-3). Para esta misma época, comienzan los esfuerzos gubernamentales para la ordenación del territorio: en 1977 se declara el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y el Incora declara el territorio del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario “Baldío(s) Reservado(s)”, en apartes de la Resolución 4698 de 1984, luego de una inspección visual en 1970.

FIGURA 3-3. CAMBIO DE COBERTURAS EN ISLA GRANDE ENTRE 1957 Y 2013 Y TINTIPÁN ENTRE 1954-Y 2012.

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Fuente: Incoder, UJTL, 2013.

A partir de los años 80 se fortalecen las actividades turísticas y, de igual forma, comienza una época de abundancia económica debido al arribo de personas con vínculos con el narcotráfico, quienes poseían una mayor capacidad económica (Durán, 2004) y por lo tanto, una mayor capacidad de ejercer poder sobre el territorio. En la mayoría de las islas que conforman el archipiélago se construyeron casas de recreo que en su mayoría demandaron recursos de la zona para su construcción; es así que los nativos ofrecían sus servicios para las nuevas construcciones extrayendo con “barretas” colonias de coral, principalmente de la barrera coralina ubicada al norte del archipiélago del Rosario, para la construcción de los cimientos y paredes de las casas, lo cual deterioró e impactó de manera significativa los arrecifes coralinos. Esto se puede evidenciar en la continua expansión urbana del período 1976-1983 cuando los terrenos artificializados ocuparían 15,7 ha a pesar de la normativa emitida anteriormente.

El período de 1983-1996 sería el auge del narcotráfico y a la vez el período de mayor tasa de construcción en un área declarada Parque Nacional Natural, con una tasa anual de 0,72 ha anuales. El área construida aumentaría 250 % en 6 años (Figura 3-4) ocupando no solo el área original de bosque seco, sino también la cobertura de manglar que venía recuperándose en los últimos 20 años (Figuras 3-4).

Isla Grande en el período de 1996-2013 se caracteriza por una disminución de la tasa de construcción a 0,12 ha anuales, atribuida a la prohibición de la construcción en los archipiélagos emitida en 1996. La consolidación del PNN Corales del Rosario y de San Bernardo no ha permitido la recuperación del bosque seco para este período; se observan nuevamente tasas de deforestación altas de 1,3 ha anuales (Figura 3-4) y urbanización hacia el centro de la isla, atribuida a la reubicación de los pobladores al interior de la misma en predios expropiados a narcotraficantes hacia el año 2001-2002 (Márquez Estrada, 2009; Ordosgoitia, 2011).

Cambios históricos del uso del territorio en Tintipán

En Tintipán, pese a la gran extensión de superficie de la isla, el proceso de ocupación e impacto ha sido incipiente en relación con otras áreas del archipiélago de San Bernardo, pues sus características ecológicas han contenido los niveles de intervención antrópica probablemente por las dificultades en su acceso y por la presencia imperante de insectos como mosquitos y jejenes que impidió por muchos años que fuera poblada.

Ya desde el año 1954 se comprueba la ocupación humana con 0,1 hectáreas y con 90,9 hectáreas de cultivos agrícolas, lo que conduce a inferir que los moradores de otras islas de este archipiélago limitaban su ocupación al aprovechamiento agrícola de su suelo. Este uso poco intensivo del suelo se mantuvo incluso hasta finales de la década de los 70, cuando el leñateo de manglar dejó de ser tan intenso permitiendo su recuperación en un 5 %, igualmente las dificultades del terreno mantuvieron la agricultura limitada e incluso se tendió a abandonar esa actividad para que a finales de los años 70 los terrenos agrícolas se redujeran a 74 ha (18 % menos comparado con 1954).

En Tintipán, la práctica de la agricultura poco a poco fue acabando en la compra de los terrenos por personas externas, quienes en ocasiones realizaron algunas prácticas de ganadería donde se intervino de manera casi total el bosque nativo (Ordosgoitia, 2011). La venta de lotes también condujo al progresivo y desmesurado proceso de artificialización de terrenos (Figura 3-4) con un aumento del 2800 % a 2012. Este crecimiento fue a costa del manglar que disminuyó un 8 % entre 1977 y 2012 y el terreno agrícola que se abandonó (Figura 3-4).

FIGURA 3-4. TASAS DE CAMBIO ANUAL DE LAS COBERTURAS EN LA ISLA TINTIPÁN.

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Fuente; Incoder, UJTL, 2013.

El análisis histórico demuestra también la dinámica de regeneración de las zonas de manglar, bosque seco y cuerpos de agua en los archipiélagos. La relación inversa entre la cobertura de bosque seco y áreas agrícolas (Figura 3-4), así como la dinámica de los parches de bosque demuestra la alta capacidad de regeneración del bosque seco que se ha registrado en la literatura (Kennard, 2002, Aide et al., 2000).

El período de 1983-1996 para Isla Grande y 1977-2012 para Tintipán se caracteriza por una acelerada recuperación del bosque seco a partir de los terrenos agrícolas (Figuras 3-3), esto puede explicarse por la declaratoria de la zona como Parque Nacional Natural en el año 1977 y cuyas medidas de protección solo se hacen evidentes hacia el año 1983, producto de la regeneración natural del bosque seco.

La regeneración del bosque seco a partir de áreas alteradas puede evidenciarse al menos en un período de tiempo de 13 años (Figura 3-4, 1983-1996). Por su parte, la dinámica de los manglares es mucho más difícil de detectar y solo se puede evidenciar con impactos grandes como construcciones y a partir del aumento en extensión de lagunas (Figura 3-3). La relación inversa entre manglar y cuerpos de agua es más evidente con las tasas de cambio en Tintipán (Figura 3-4) donde el intervalo de tiempo es de al menos 23 años y los cambios son más detectables. Por su parte en Isla Grande no se observa esta dinámica pues la escala de tiempo es menor y cambios en la cobertura de manglar no son detectables en el mismo período de tiempo.

Conflictos de uso

Los conflictos de uso de las tierras son el resultado de la discrepancia entre el uso que el hombre hace del medio natural y aquel que debería tener, de acuerdo con la oferta ambiental. Ello es consecuencia de diversas causas, entre las que sobresalen la desigualdad en la distribución de las tierras, el predominio de intereses particulares sobre los intereses colectivos (IGAC, Corpoica, 2001) y por la aplicación de un sistema impositivo que no exige un uso social racional de las mismas (Echavarría, 2001). Los conflictos de uso de la tierra se presentan cuando las tierras son utilizadas inadecuadamente, ya sea por sobre o subutilización (IGAC, 1988).

Los estudios oficiales encaminados a definir, delimitar y cuantificar los conflictos de uso de las tierras en Colombia, no han trascendido al territorio insular de los archipiélagos que nos ocupan, por lo que elaborar un análisis de los usos adecuados e inadecuados de las mismas, con criterios asociados a su sobreutilización o subutilización resulte apresurado, sin previos estudios técnicos de soporte.

No obstante, es preciso destacar que estos se constituyen en herramienta fundamental para la formulación de Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial más ajustados a la realidad del territorio y a la dinámica sociodemográfica de modo que las acciones y mecanismos que se definan, permitan optimizar el adecuado uso de la tierra, manteniendo la calidad del ambiente y promoviendo la conservación de los recursos naturales, bajo un esquema de desarrollo sostenible.

Usos legalmente permitidos

Como se sabe, la reglamentación de usos del territorio emergido de ambos archipiélagos se halla sujeta a las determinantes ambientales vigentes sobre las áreas reservadas a categorías de manejo especial, dadas por la autoridad ambiental competente, que deberán incorporarse al Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena, bajo la preeminencia de la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, la prestación de los servicios públicos a su cargo, las obras que demande el progreso local y la ordenación del desarrollo de su territorio conforme a criterios de sostenibilidad, dentro de los límites de la Constitución y la ley.

Así las cosas, conviene detenerse en señalar tres situaciones problemáticas:

a) Multiplicidad de categorías de manejo y protección ambiental:

Los territorios objeto de estudio, por sus particularidades geográficas y ecosistémicas han sido delimitados e incluidos en diversas categorías de manejo, que a su vez suponen un gran número de estrategias y acciones que les son propias y vienen dadas a partir de los desarrollos normativos que produjeron su reajuste a lo que actualmente se conoce, como se observa en la Tabla 2-7.

Tabla 2-7. Categorías de manejo y protección ambiental presentes en el área de estudio.

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En este punto es preciso revisar dos aspectos relevantes:

  • La vigencia, eficacia y pertinencia de que subsista normativamente el Área de Manejo Especial de la bahía de Cartagena y el canal del Dique, cuando es palpable que esta figura presentó los consabidos problemas para su puesta en marcha, derivados de la precaria interacción con los entes territoriales de la región que abarcaba la misma, que si bien tenían que prestar la debida colaboración no contaban con asiento en el Consejo Asesor, circunstancia que entre otras pudo influir en que esta área no operativizara su gestión, ni impulsara las acciones para la consecución de los fines propuestos, quedando incluso en “desuso”, porque poco o nada se conoce sobre su puesta en marcha, pese a su vigencia normativa, debido a que actualmente –y quizás por mucho tiempo– el Ministerio de Ambiente en su estructura organizacional no cuenta con un funcionario que dirija esta área.
  • La legalidad de la figura del Área Marina Protegida, puesto que desde nuestro análisis, su declaratoria por parte del Ministerio del ramo, desborda sus competencias, en tanto la facultad reglamentaria está en cabeza del Presidente de la República, pero tal facultad no puede en ningún caso extralimitarse en innovación normativa sino circunscribirse al desarrollo reglamentario de la Ley y claramente se observa que esta categoría de protección no integra nuestro ordenamiento jurídico, cuyo examen de legalidad del acto corresponde en todo caso a órganos jurisdiccionales, con el propósito de dar pasos que conduzcan a la clarificación de competencias.

b) Ausencia de delimitación y reglamentación de zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Corales del Rosario

El letargo institucional en la delimitación y declaración de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, que en gran medida se ha visto permeado por su escaso horizonte normativo que en criterio de muchos deja zonas de penumbra en la definición jerárquica de competencias en cuanto a su concertación, delimitación y declaración, y por la rezagada puesta en marcha de los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, ha devenido que las instituciones involucradas en vez de dar cumplimiento a la norma hayan optado por la superposición de diversas categorías de manejo y protección ambiental, cuya eficacia contrasta con la situación actual de conservación de los ecosistemas objetivo.

Vale destacar que una característica distintiva de esta zona es que se establecen solo en función de los Parques Nacionales Naturales, no obstante el Área Marina Protegida (AMP) de los archipiélagos –figura atípica en nuestro ordenamiento jurídico– prevé para sí una zona amortiguadora y en esta medida propone el documento de Plan de Manejo de dicha área que ante la ausencia de declaración y delimitación de zona amortiguadora del parque ya “sería innecesario e incluso contraproducente establecer”, en tanto considera que el AMP permite garantizar la función amortiguadora respecto de las áreas circunvecinas a este. Recomienda además que en el evento de establecerse se acoja la zonificación y régimen de usos ya establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del AMP para efectos de evitar superposición de zonificaciones y posibles interferencias con el régimen de usos aplicable en estos espacios (Invemar-MADS, 2012).

Tal posición del Ministerio de Ambiente, supone perpetuar el incumplimiento de normas de rango reglamentario, concebidas para atenuar las perturbaciones y prevenir las alteraciones sobre el área objeto de protección, privilegiando la regulación propuesta para el manejo de una figura que enfrenta debilidades normativas en su nacimiento, circunstancia que por el contrario a su finalidad aporta a la mayor dilación en la adopción de medidas conducentes a superar los obstáculos advertidos.

Por otra parte, en la medida en que la declaración, delimitación y zonificación interna de una zona amortiguadora puede implicar restricciones en los usos, vale decir, tales decisiones deben concertarse con los gobiernos municipales o distritales y las comunidades étnicas presentes en el área atendiendo las disposiciones de rango constitucional y legal que priman en la dinámica territorial, convirtiéndose en determinantes que luego deben acogerse en los Planes de Ordenamiento Territorial.

De lo anterior se deduce, que el panorama no es alentador pues a pesar de no ser un concepto nuevo, porque data de hace más de 35 años, poco se ha logrado concretar como una herramienta efectiva para la ordenación de los territorios adyacentes a áreas con cualidades ecosistémicas excepcionales, sin que se haya trazado una línea de gobierno que conduzca a cumplir con los propósitos de conservación que operativicen espacialmente las competencias concurrentes de las entidades con responsabilidad en el tema con miras a lograr el uso racional de los recursos naturales presentes.

Lograr superar este rezago demanda la revisión y análisis normativo para delimitación de competencias en ordenamiento territorial, así como la elaboración de lineamientos para determinación de las competencias de ordenamiento territorial en zonas de amortiguación de un área protegida nacional, ajustados al avance normativo sobre la materia, para de este modo avanzar en la delimitación concertada de la zona para y posterior adopción y reglamentación de usos que en todo caso deberán incorporarse de forma inmediata al POT correspondiente.

c) Subsistencia de las determinantes ambientales por fuera del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena

Sabido que el POT del Distrito de Cartagena por su edad y falta de revisión, requiere no solo ajustarse a los avances normativos introducidos por los Decretos 3600 de 2007, 4066 de 2008, 1469 de 2010, las Leyes 810 de 2003 y 902 de 2004, bajo las orientaciones de las Leyes 1454 de 2011 y 1617 de 2013, sino la incorporación de determinantes ambientales posteriores a su expedición, que actualmente subsisten por fuera del Plan, tales como las que se identifican en la Tabla 46.

Tabla 2-8. Determinantes ambientales para los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.

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El ordenamiento territorial se integra y es coherente con el actuar de las autoridades públicas en la organización del espacio en respuesta a las necesidades de desarrollo económico, social, cultural y ambiental de un territorio. Sin embargo, es evidente que en esa dinámica se han intentado definir múltiples y diversos esquemas jerarquizados de coordinación cuyos niveles de articulación aún resultan etéreos, pese a los esfuerzos por impedir la colisión y duplicidad de competencias institucionales a cargo de un sinnúmero de instrumentos de planificación para la ordenación, zonificación y manejo del territorio, estableciendo sus áreas de intervención, sus usos (actividades permitidas) y los responsables de su control, que eventualmente pueden no obedecer a un claro modelo de ocupación ni a una visión integral y diferenciada de cada territorio (Figura 3-5).

FIGURA 3-5. PROBLEMATIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

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En este orden de ideas, siguen siendo los Planes de Ordenamiento Territorial los instrumentos fundamentales de planificación del territorio en los que, de forma organizada y esquemática, se pueden articular el sinnúmero de determinantes ambientales (normas, reglamentos, políticas, directrices y regulaciones en general) (Figura 3-6).

Ocupación del territorio insular

Los archipiélagos presentan similares características geográficas, ecosistémicas, de origen y de formas de ocupación, por tanto gozan de la misma presunción legal de pertenecer a la reserva territorial del Estado hasta tanto se demuestre que han salido del “dominio público”, manteniendo su condición de baldíos reservados de la nación en virtud del Código Fiscal de 1873 y 1912.

El fenómeno de predialización y de registro de mejoras sobre el territorio emergido de los archipiélagos que entidades como el IGAC y la Oficina de Registro permitieron durante un largo período de tiempo, contrasta con la distribución física de los ocupantes que en muchos casos no coincide con los instrumentos públicos que dieron origen a las referencias catastrales y matrículas inmobiliarias, lo que dificulta su localización, siendo esto fundamental para el adelanto de procedimientos agrarios encaminados a la clarificación de la propiedad y su posterior recuperación.

En el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario se han recuperado 133 de los 149 predios identificados (102 en arriendo, 8 en comodato y 1 en convenio de cooperación). En el archipiélago de San Bernardo el procedimiento de clarificación y recuperación ha sido más reciente, encontrándose aún en trámite 4 procesos de clarificación y 60 de recuperación, 41 procesos de recuperación culminados y 13 arriendos suscritos.

Advertida la presencia de grupos poblacionales autoreconocidos como étnicos y ancestrales, ha persistido la disputa por el reconocimiento infructuoso, de un lado de la propiedad individual remontándose a la sucesión de títulos de la corona española, y por el otro, el reconocimiento de los derechos derivados de la diversidad étnica, tales como el de la propiedad colectiva.

FIGURA 3-6. DETERMINANTES AMBIENTALES DEL POT PARA LA ÉPOCA DE SU EXPEDICIÓN (AÑO 2001).

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Pese al paulatino avance en la clarificación de la propiedad y la consecuente recuperación de los baldíos reservados indebidamente ocupados, esta situación aún persiste en algunas áreas de los archipiélagos, bien sea porque se encuentran en trámite varios procedimientos administrativos o porque en algunos casos éstos no se han iniciado por la incipiente información con que se cuenta y se requiere para ello. Situación que como se anotó antes se evidencia principalmente en el archipiélago de San Bernardo.

Vale destacar que el proceso de recuperación parte de la clarificación de la propiedad en cabeza de la Nación y teniendo en cuenta que cada procedimiento agrario es independiente, este trámite debe abordarse en cada caso con todas las garantías procesales al ocupante.

Por otro lado, no existen estrategias dirigidas a prevenir la ocurrencia de la indebida ocupación de los baldíos reservados de la Nación adyacentes a un área protegida de carácter nacional, circunstancia que puede ocasionar la persistencia de este fenómeno que genera degradación de los suelos, disminución de coberturas vegetales e incremento de factores contaminantes, por la ocupación desordenada y descontrolada del territorio emergido, sin que medien estudios técnicos previos para determinar las zonas aptas para asentamientos humanos.

Por su parte, el Distrito definió en sus lineamientos de política rural que en el caso del Territorio Insular ubicado dentro de los linderos del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, por estar sometido a regulaciones del Ministerio del Medio Ambiente, no se prevén desarrollos nuevos en tales islas y las mejoras y reposiciones de infraestructura existente están sometidas a los permisos del Ministerio mencionado, por lo tanto reiteró que la provisión de servicios públicos se seguirá dando de manera no convencional y los desarrollos futuros en este sentido deberán ser aprobados por la autoridad ambiental.

Finalmente es importante señalar que para la definición de un modelo de ocupación adecuado para este territorio con cualidades excepcionales, se requiere la consolidación de estudios técnicos suficientes para la determinación de los suelos agroecológicos, los de protección para disposición de servicios públicos no convencionales, vías de acceso (no vehiculares), suelos para equipamientos y los de riesgo, de modo que se reordene su ocupación de forma eficiente y acorde con su oferta ambiental.

La ocupación del territorio contrasta con los criterios definidos para normalización de las modalidades de ocupación (contratos de arriendo, contratos de usufructo, contratos de comodato, contratos de cooperación y la titulación colectiva), que carecen de sustento en estudios técnicos topográficos, de vocación agroecológica de suelos y de impacto del crecimiento demográfico, pues ni siquiera existe un censo institucional de la población permanente y flotante de la zona, que determine su número, rangos etarios, etnia, género y tiempo de permanencia en el territorio, que permitan hacer estimaciones de crecimiento, que en países en vía de desarrollo como Colombia la estimación supera el 2%.

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