ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

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Es necesario referirse a aspectos espaciales, históricos y normativos para abordar esta temática que deviene de la convergencia de conceptos íntimamente relacionados, como son la ocupación vs. propiedad, cuya dinámica progresivamente ha impactado el territorio en desmedro de las cualidades ecosistémicas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.

ASPECTOS ESPACIALES RELEVANTES DE LOS ARCHIPIÉLAGOS

Los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo por su riqueza natural gozan de especial protección por el Estado a través de dos (2) instrumentos de planificación para la conservación y manejo de estas zonas, como son la declaratoria como Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, desde el año de 1977 (Acuerdo N° 26 de 1977 del Inderena) y otra como Área Marina Protegida (Resolución 0679 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).

El archipiélago de San Bernardo, según los datos estimados a partir de la cartografía de Incoder, UJTL (2013), tiene un total de área emergida de 396,365 hectáreas compuesto por 10 islas, siendo Tintipàn la de mayor extensión, en tanto representa poco más del 79 % de su área de superficie terrestre. Se encuentra catastralmente conformado por 18 predios en los que se hallan inscritas 113 mejoras, según información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Territorial Bolívar.

Por su parte, el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, cuenta con un total de área emergida de 331,5526 hectáreas resultantes de la sumatoria de las áreas de superficie terrestre de las 31 islas, cayos e islotes que lo conforman, siendo en este caso Isla Grande la de mayor superficie con poco más del 60 % del área total de este archipiélago. La situación dista del otro archipiélago en tanto se conforma catastralmente por 156 terrenos en los que se identifica la inscripción de 201 mejoras en su sistema alfanumérico, según información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Territorial Bolívar. No obstante lo anterior, el Incoder solo ha identificado 149 predios como constitutivos de este grupo de islas.

ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD EN TERRITORIO INSULAR

Antecedentes históricos

Conforme lo expone Machado (2009), la tierra ha sido el principal bien generador de riqueza en el sector rural, así como un bien vinculado al prestigio social y el poder político de las elites o de los poseedores de grandes extensiones; ello explica en buena parte la disputa por la apropiación de este recurso desde la Colonia. Si bien hoy la tierra representa un bajo valor en relación con las in¬versiones necesarias para producir bienes agropecuarios, sigue siendo tanto un bien de valorización como una reivindicación histórica del campesinado o de los grupos o comunidades ancestralmente vinculados a ella.

Históricamente, el modelo fundamentado en la gran propiedad y los procesos de apro¬piación de la tierra por terratenientes, comerciantes, militares y políticos durante la Colonia y la era republicana crearon una estructura agraria bimodal, desigual, conflictiva, concentrada y polarizada, que no ayudó a generar condiciones de desarrollo y articulación de la agricultura a procesos agroindustriales de carácter dinámico y virtuoso, tendientes a mejorar las condicio¬nes de vida del grueso de la población rural (Machado et al; 2009).

La problemática de la propiedad, el uso, la ocupación y la tenencia de las tierras en todas sus modalidades desdela Conquista, pasando por la Colonia hasta la fase histórica del paramilitarismo, la guerrilla y el conflicto armadoen general sigue siendo un tema neurálgico que expone en muchos casos la incapacidad política del Estado en la prevención y protección de los ciudadanos en el uso efectivo de la propiedad.

A partir de la disputa de la propiedad colectiva de comunidades afrodescedientes de la islas del Rosario y de San Bernardo, frente a al ejercicio soberano del Estado colombiano, la doctrina y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional de Colombia, han entendido que la norma según la cual el territorio pertenece a la nación consagra una figura diferente a la propiedad privada o pública, a saber, el llamado “dominio eminente del Estado”, el cual comprende todas aquellas facultades inherentes a la soberanía que tiene el Estado sobre su territorio y sobre los bienes en él contenidos, a fin de conservar el orden jurídico y cumplir las funciones constitucionales que le han sido atribuidas.

Lo anterior significa, que ese dominio eminente no es de carácter económico, como el derecho de propiedad, sino que tiene naturaleza jurídico-política, pues la nación no es “dueña” del territorio, en el sentido de ser su propietaria, sino que le «pertenece”, por cuanto ejerce soberanía sobre estos espacios físicos, ya que el territorio es el ámbito espacial de validez de las normas estatales. Por ende, el dominio eminente sobre el territorio previsto por el artículo 102, (de la actual Constitución Política de 1991) es perfectamente compatible con el reconocimiento de la propiedad privada sobre tierras o recursos naturales renovables.

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Antecedentes propiamente normativos del proceso de clarificación de la propiedad

Constituye la Ley 110 de 23 de noviembre de 1912 el antecedente normativo más antiguo aún vigente en determinar la propiedad del territorio insular de la nación, al reiterar en su articulo 45 la presunción que antes estableció la Ley 70 de 1866 (artículo 4º) y luego el Código Fiscal de 1873 (artículo 878), de reputar como baldíos de propiedad nacional las islas de uno y otro mar que constituyen reserva territorial del Estado y prescribir que no son enajenables, siempre que no estuvieren ocupadas por poblaciones organizadas o apropiadas por particulares en virtud de títulos traslaticios de dominio, desde antes de la vigencia de dichas normas.

Posteriormente la Ley 200 de 1936 modificada por la Ley 4 de 1973, estableció que acreditan “propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial”, y en consecuencia desvirtúan la presunción de que son baldíos los predios rústicos no poseídos por particulares con explotación económica del suelo, mediante hechos positivos propios de dueño, tales como, las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica, los siguientes documentos: a) Título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal. b) Títulos inscritos otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley en 1937, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. Pero expresamente excluyó de esta previsión los terrenos que no sean adjudicables,estén reservados o destinados para cualquier servicio o uso público.

En ejercicio de las competencias que para la época le fueron conferidas al naciente Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-Incora (hoy Incoder según referencias normativas del Decreto 1300 de 2003) a través de la Ley 135 de 1961, procedió a desarrollar el trámite de clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de identificar con la mayor exactitud posible las que pertenecían al Estado, facilitar el saneamiento de la titulación privada y cooperar en la formación de los catastros fiscales atendiendo lo dispuesto en la Resolución 11710 de 17 de junio de 1968 proferida por la gerencia de dicho instituto. Procedimiento que para el caso de las islas, islotes, morros y cayos que conforman el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, culminó con la Resolución N° 4393 de 1986 mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 4698 de 1984 al establecer que estas no han salido del “dominio público”, manteniendo su condición de baldíos reservados de la nación en virtud del Código Fiscal de 1873 y 1912, siendo también reservas territoriales de esta y por consiguiente no son enajenables. Advirtió que las islas conocidas con el nombre de islas del Rosario, pertenecen en lo administrativo al corregimiento de Barú, municipio de Cartagena, departamento de Bolívar y determinó por cada isla el área superficiaria, el área de ocupación, identificó sus ocupantes (81 apròximadamente) y los documentos de los que derivaba su ocupación (en su mayoría documentos privados y escrituras públicas con o sin constancia de registro de venta o declaración de posesión, venta o declaración de mejoras, así como declaraciones protocolizadas o extra juicio de testigos) no constituían título traslaticio de dominio y menos provenientes del exigido título originario que probase su propiedad, por tanto fue calificada como “indebida”.

A pesar de la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y la reestructuración del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria que fijó la Ley 160 de 1994, ese instituto continuó ejerciendo las funciones relacionadas con la administración de baldíos, adopción de medidas frente a la indebida ocupación o apropiación de tierras baldías, clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, la delimitación de las tierras que son propiedad de la nación, coordinando el subsistema de adquisición y adjudicación de tierras a nivel regional y local y la vigilancia, conservación y restablecimiento de los recursos naturales.

Esta Ley además definió que no serán adjudicables los terrenos baldíos situados dentro de un radio de 5 kilómetros alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, las aledañas a Parques Nacionales Naturales y las seleccionadas por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su explotación económica, determinando que en estos casos el instituto ordenará la restitución de las extensiones indebidamente ocupadas y reitera que no podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío cuando se tratare de tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables.

Tales funciones las continuó desempeñando en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2663 de 1994 por el cual se reglamentaron los capítulos X y XIV de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a los procedimientos de clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, de delimitación o deslinde de las tierras del dominio de la nación y los relacionados con los resguardos indígenas y las tierras de las comunidades negras. Decreto que a su vez fue derogado por el 1465 de 2013 que intentó ajustarse al nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como unificar en un solo estatuto reglamentario las normas que actualmente regulan los procedimientos administrativos de extinción del derecho de dominio privado, clarificación de la propiedad, deslinde de las tierras de la nación, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y reversión de baldíos adjudicados, con el propósito de mejorar su efectividad como mecanismos de protección del patrimonio público y de tutela de la función social de la propiedad y de aplicar los principios de debido proceso, eficacia, eficiencia, trasparencia, celeridad y economía procesal y facilitar el trámite oportuno de estos procedimientos.

Este nuevo Estatuto establece el procedimiento para la recuperación de baldíos indebidamente ocupados por losparticulares con el objetivo de restituir al patrimonio del Estado las tierras baldías adjudicables, las inadjudicables y las demás de propiedad de la nación, cuando la ocupación recaiga sobre tierras con las siguientes características:

1. Las tierras baldías que tuvieren la calidad de inadjudicables de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 67 y 74 de la Ley 160 de 1994 y las reservadas o destinadas por entidades estatales para la prestación de cualquier servicio o uso público.
2. Las tierras baldías que constituyan reserva territorial del Estado.
3. Las tierras baldías ocupadas que excedan las extensiones máximas adjudicables, de acuerdo con la Unidad Agrícola Familiar (UAF) definida para cada municipio o región por el Consejo Directivo del Incoder.
4. Las tierras baldías ocupadas contra expresa prohibición legal, especialmente las que corresponden al Sistema de Parques Nacionales Naturales y al Sistema de Áreas Protegidas. Las tierras baldías que hayan sido objeto de un procedimiento de reversión, deslinde, clarificación, o las privadas sobre las cuales se declare extinción del derecho de dominio que se encuentren ocupadas indebidamente por particulares.
5. Las tierras baldías que hayan sido objeto de caducidad administrativa, en los contratos de explotación de baldíos, que suscriba el Incoder en las zonas de desarrollo empresarial.
6. Las tierras baldías que se encuentren ocupadas por personas que no reúnan la calidad de beneficiarios de reforma agraria en los términos previstos en el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994.
7. Las tierras baldías inadjudicables, reservadas o destinadas para cualquier servicio o uso público, que cuenten con títulos basados en la inscripción de falsas tradiciones.

Esta disposición es contundente al señalar que según lo establecido por el numeral 1°, inciso 3° del Artículo 48 de la Ley 160 de 1994, las reglas para acreditar la propiedad privada por medio de títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley no son aplicables a los terrenos no adjudicables, reservados o destinados a cualquier servicio o uso público. En estos eventos la acreditación y defensa de los derechos de los particulares afectados por el inicio de un procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados se llevará a cabo en sede administrativa.

En cuanto al derecho al territorio de las comunidades étnicas constitucionalmente reconocido prevé que los procedimientos de delimitación o deslinde de las tierras de resguardos y de las adjudicadas a las comunidades negras, al igual que el procedimiento de clarificación de la propiedad sobre la vigencia legal de los resguardos indígenas de origen colonial, se tramitarán conforme a lo ordenado en los Artículos 48, 49, 50, 51 Y 85 de la Ley 160 de 1994, que se circunscribe a asegurar la protección de los bienes y derechos conforme al artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 70 de 1993, para lo cual el instituto podrá adelantar procedimientos de delimitación de las tierras de resguardo, o las adjudicadas a las comunidades negras, de las que pertenecieren a los particulares.
Estatuye además, que el objeto del procedimiento de clarificación es el de esclarecer la situación jurídica de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, para identificar si han salido o no del dominio del Estado y facilitar el saneamiento de la propiedad privada, por tanto culminado este trámite se deberá determinar en cada caso la ocurrencia de cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Que los títulos aportados son insuficientes, bien porque no acreditan dominio sino tradición de mejoras sobre el inmueble o se refiere a bienes no adjudicables.
2. Que en relación con el inmueble objeto de la actuación no existe título originario expedido por el Estado o título de adjudicación que no ha perdido su eficacia legal.
3. Que el presunto propietario efectivamente acreditó el derecho de propiedad privada porque posee título de adjudicación debidamente inscrito o un título originario expedido por el Estado que no ha perdido su eficacia legal.
4. Que el presunto propietario acreditó el derecho de propiedad privada, porque exhibió una cadena de títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160 de 1994, en los que constan tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.
5. Que el bien inmueble se halla reservado o destinado a un uso público.
6. Que se trata de porciones que corresponden a un exceso sobre la extensión legalmente adjudicable.

Decisión que deberá inscribirse ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para efectos de la formación o actualización de la cédula catastral y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, cuando el resultado del procedimiento determine que se trata de un baldío de dominio de la nación.
No obstante lo anterior, vale destacar que este nuevo estatuto no derogó totalmente el Decreto 2664 de 1994 que a su vez reglamenta el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994, por lo que las tierras baldías que, de conformidad con la Ley 70 de 1993, pertenecen o deban adjudicarse a las comunidades negras, se titularán por el instituto con arreglo a las normas sustanciales y procedimentales especiales que las rigen.

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MODOS DE OCUPACIÓN EN LOS ARCHIPIÉLAGOS

Ocupación en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario

El modo de ocupación actual es variopinto, pues se estima que la ocupación fue progresiva y motivada por la explotación de recursos naturales de los nativos de la isla de Barú en las islas periféricas, como dan cuenta múltiples documentos, una de las consideraciones para decidir declarar el territorio del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario “Baldío(s) Reservado(s)”, contenida en la Resolución 4698 de 1984, que dirime la discusión de la propiedad de esta zona insular, al señalar que “Se demostró dentro del procedimiento que los terrenos que conforman el Archipiélago ISLAS DEL ROSARIO, venían siendo ocupados desde épocas remotas por nativos de escasos recursos, quienes las explotan rudimentariamente en cultivos de pancoger y otros. El único respaldo legal que los amparaba era la posesión material, siendo la prueba de tal hecho la protocolización de declaraciones extrajuicio ante Notario, conforme se discriminó en el estudio de títulos, o simples documentos de carácter privado. Debido a la escasez de recursos económicos de los Isleños, se han visto en la necesidad de vender sus posesiones y mejoras a terceros, a entidades particulares y oficiales, por ejemplo a la Sociedad de Amor a Cartagena y a la Armada Nacional”.

Ello comprueba en principio el reconocimiento estatal de este fenómeno como modalidad de ocupación del territorio, así como de la posterior variación de su población, sin que se lograse determinar su propiedad en los términos exigidos por las normas vigentes que regulaban la materia, pese a que luego en la Resolución N° 4393 de 1986 se consideró que en el caso de ” Islas del Rosario no es aplicable la excepción referente a la existencia de una población organizada, entendida ésta”… un conglomerado humano sometido a un sistema político-administrativo-judicial de acuerdo con la Constitución y las leyes, sistema que le permite realizar los fines a que toda sociedad sujeta a un régimen de derecho, debe tender”, según conceptuó el Consejo de Estado en su oportunidad, pues se trata de una ocupación de particulares y de algunas dependencias del Estado, principalmente con fines recreativos, de investigación o de protección de los recursos naturales allí existentes.

En cumplimiento de sus competencias normativas el Incora inició un paulatino proceso de identificación y normalización de la modalidad de ocupación principalmente en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, labor que ha continuado el Incoder. Este proceso partió como se dijo anteriormente, de la declaratoria de sus terrenos como baldíos reservados de la nación, pertenecientes al corregimiento de Barú del municipio hoy Distrito de Cartagena de Indias – departamento de Bolívar (Resolución N° 4698 de 27 de septiembre de 1984 confirmada por la Resolución N° 0493 de 15 de septiembre de 1986 – Incora), con la identificación de la tenencia de la tierra que se muestra en la Tabla 2-9.

TABLA 2-9. IDENTIFICACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

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Resulta oportuno precisar en este punto, que la denominación y el área superficiaria de las islas objeto de identificación durante la diligencia de inspección ocular con intervención de peritos que se estima se realizó el 30 de noviembre 1970 presenta claras diferencias con los datos actuales.

Este trámite que había sido iniciado desde el año de 1968, culminó en 1986 fecha en que se resolvieron los recursos contra la decisión de que estas islas nunca han salido del patrimonio nacional y que, por lo tanto, todos ellos son baldíos reservados pertenecientes a la nación, en virtud de lo previsto en los Códigos Fiscales de 1873 y 1912.

Continuando con el procedimiento de recuperación el Incoder identificó que de los 42 folios de matrícula inmobiliaria citados en la mencionada Resolución, que presentan inscripción en la Oficina de Registro de los instrumentos públicos analizados, que anteceden al año 1984, presentan una situación actual que contrasta con la encontrada por el Incora, que veremos en la Tabla 2-10.

TABLA 2-10. RESULTADOS DE INVESTIGACIONES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE BALDÍOS INDEBIDAMENTE OCUPADOS.

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Asimismo, Incoder “ha adelantado hasta su terminación ciento treinta y tres (133) procesos de recuperación de baldíos ubicados en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, declarando en cada una de las resoluciones finales que en dichos terrenos se ejercía una indebida ocupación, razón por la cual se ordena su restitución material so pena de solicitar la intervención de la autoridad policiva para hacer efectiva la orden administrativa.

(…) Siete predios ubicados en esta zona no fueron objeto de procedimiento de recuperación de baldíos o las actuaciones administrativas que se habían adelantado fueron archivadas, en razón a que los ocupantes reconocieron el dominio del Estado sobre dichos terrenos, legalizando su ocupación a través de la suscripción de contratos de arrendamiento mediante los cuales se les concedió el uso y goce temporal. Similar situación se predica de dos predios que se encontraban ocupados por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la Armada Nacional de Colombia, respecto de los cuales se celebró respectivamente un contrato de comodato y un convenio interadministrativo.

(…) De igual forma se encuentran en trámite cinco (5) procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados sobre la zona.

(…) A continuación se presenta la anterior información:” (Tabla 2-11).

TABLA 2-11. AVANCE DE LA NORMAILIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN EN EL ARCHIPIÉLAGO DE NUETRA SEÑORA DEL ROSARIO.

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Fuente: DTPA, septiembre de 2013.

Incoder (2012) en su Informe de caracterización de la situación de este archipiélago identificó las siguientes situaciones:

– Existen varios predios arrendados que han sido abandonados.
– Varios predios actualmente presentan una infraestructura en ruinas.
– Se han realizado una serie de mejoras sin que el Incoder las haya autorizado.
– De manera principal los predios son usados para la recreación privada o el turismo convencional.
– Los predios usados para la recreación privada presentan un esquema de celaduría dentro de la cual una familia habita una pequeña casa en el predio y presta sus servicios a las personas que visitan el predio ocasionalmente.
– Según la realidad observada, se logra establecer ostensiblemente que en la gran mayoría de los casos los cánones de arrendamiento son muy económicos frente a la contraprestación del arrendatario.
– Muchos de los arrendatarios se encuentran atrasados en los pagos de los cánones de arrendamiento.

Advertida la presencia de grupos poblacionales autoreconocidos como étnicos y ancestrales, ha persistido la disputa por el reconocimiento infructuoso, de un lado, de la propiedad individual remontándose a la sucesión de títulos de la corona española, y por el otro, el reconocimiento de los derechos derivados de la diversidad étnica, tales como el de la propiedad colectiva.

Por lo anterior, gran parte de Isla Grande, cuya extensión territorial es la más representativa del archipiélago ha sido reclamada en titulación colectiva por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Isla del Rosario–Caserío Orika, mediante sendos derechos de petición al Incoder, cuya solución de fondo fue demandada en acción de tutela, lo que motivó la sentencia T-680 de 2012, proferida por el máximo Tribunal Constitucional, que ordenó la protección de los derechos fundamentales de petición, debido proceso administrativo, y a la propiedad colectiva de las tierras que ocupan, a la organización y a los ciudadanos actores. Situación que de considerarse procedente modificará la estructura de la propiedad del territorio insular de la región, en tanto pasará de ser el Estado su único dueño.

En esta disputa alega la comunidad que en el interregno de tiempo entre la expedición del Acuerdo 041 de 2006 del Consejo Directivo de Incoder “por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo Nº 033 ‘por el cual se regula la ocupación y el aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo’ y hasta la fecha de presentación de la acción constitucional de tutela el Incoder estando aún pendiente de resolver tal solicitud, ha ejecutado actos dispositivos de dominio a través de sus representantes y apoderados, ha celebrado contratos de arrendamiento con los “poseedores” de hoteles y casas de recreo, personas que no pertenecen a la comunidad demandante, sobre predios que, según se afirma, sí hacen parte del globo de terreno al que se refiere la citada solicitud de titulación colectiva. Petición que habiendo transcurrido un período de veinte meses entre la fecha en que se presentó la solicitud de titulación colectiva a que se ha hecho referencia y aquella en que se presentó la demanda de tutela el Incoder no inició los trámites necesarios, previstos en el Decreto 1745 de 1995, para decidir sobre esta solicitud, ni ha dado una respuesta de fondo al respecto.

La complejidad de las variables asociadas a la problemática condujo al Ministerio de Agricultura a que solicitara concepto sobre el particular a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que de manera formal atendió conceptuando que “el Incoder no está facultado para expedir resoluciones de adjudicación de propiedad colectiva a las comunidades negras, sobre baldíos reserva de la nación, ya que tales bienes tienen el carácter de inadjudicables”, lo que contrapone las tesis constitucionales de ponderación de derechos fundamentales.

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Ocupación en el archipiélago de San Bernardo

Este archipiélago presenta similares características geográficas, ecosistémicas y de ocupación que el de Nuestra Señora del Rosario, se estima que los primeros moradores de este archipiélago eran provenientes de la isla de Barú, quienes por las condiciones físicas de estas islas prefirieron asentarse principalmente en un islote que inicialmente se constituía en una zona emergida de arrecife coralino muy pequeña y de poca vegetación, que fue paulatinamente rellenada y de este modo permitió el asentamiento permanente de estos pescadores y sus familias, denominado Santa Cruz del Islote, que se cree fue fundado entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII.

Incoder antes de dar inicio a los procesos agrarios de recuperación de baldíos en esta área, realizó el estudio de títulos correspondiente con el fin de determinar tanto su procedencia como la situación física y jurídica de los predios, lo que condujo a iniciar 41 procesos que culminaron con sendas resoluciones que declararon la indebida ocupación sobre estos terrenos “baldíos reservados propiedad de la nación”. Pese a que cada uno de los procedimientos agrarios es autónomo con respecto a los demás, partiendo de la presunción legal de que goza este territorio dada su condición geográfica, de forma general los resultados de las investigaciones preliminares permitieron establecer que tal presunción no se desvirtuó a través de pruebas fehacientes. Se encuentran en trámite 60 procesos de recuperación de baldíos y 4 procedimientos de clarificación de propiedad. Un (1) predio reconoció el dominio del Estado y suscribió contrato de arriendo, antes de iniciar el procedimiento para un total de 13 terrenos en arriendo.

 

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