LA INVESTIGACIÓN PARA QUÉ?

 

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Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad
Comunera de Gobierno Rural de ISLA DEL ROSARIO
CASERIO DE ORIKA
NIT: 900064414
Islas del Rosario Teléfono: 3114289194 – 3142582998
NIT 900 064 414-5
consejocomunitarioislasdelrosario@hotmail.com
Los Consejos Comunitarios de Islas del Rosario – Caserío Orika, e Islote Santa Cruz se permiten manifestar a la opinión pública el siguiente comunicado respecto de la no concertación en el marco de la consulta previa del proyecto denominado: “Plan de acción participativo integral para la administración de los baldíos reservados de la Nación de los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo” (En adelante, PIPARSB) liderado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) – Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Cartagena de Indias:

Nuestros Derechos no se negocian, la dignidad humana está por encima de los intereses económicos y ambientales.

¿La investigación para qué?

Los consejos comunitarios de las islas del rosario y de San Bernanrdo hemos sido testigos en repetidas ocasiones de la llegada de investigadores a nuestros territorios ancestrales que aplican con rigor sus instrumentos de investigación sobre los recursos naturales y sobre nosotros. Con sus aparatos miden los árboles, los arrecifes de coral, toman muestras del suelo, recogen insectos y moluscos, recolectan ejemplares, nos toman fotos y nos aplican encuestas, nos caracterizan y después regresan a sus laboratorios donde procesan la información, sacan conclusiones, las publican que en muchas ocasiones no reflejan la realidad de las comunidades.

En nuestra experiencia, los resultados de esas investigaciones nos han señalado repetidamente como causantes del deterioro de los ecosistemas (depredadores) tan importantes que se encuentran en nuestros territorios ancestrales, sin ningún tipo de mención a la corresponsabilidad de otras actores como el Estado mismo, ni reconocimiento a nuestras practicas ancestrales que han permitido la existencia de esos ecosistemas en el tiempo, ni los esfuerzos que hemos hecho para mejorarlas en caso de generar impactos.

El problema es que esas investigaciones después se convierten en el fundamento científico para encerrar nuestros territorios dentro de áreas marinas protegidas, parques nacionales naturales, u otras figuras de conservación, y de sus subsiguientes planes de manejo, administración y control sobre el uso de los recursos naturales sin consultarnos y sin nuestro consentimiento que luego autoridades ambientales nos imponen y aplican sanciones.

El proyecto de investigación contratado nos llena de preocupación pues partiendo de un enfoque ecosistémico no humano, en muy poco tiempo pretende generar insumos para elaborar reglamentos de uso y control de recursos naturales en nuestros territorio, que después se convertirán en ley o decreto u otro recurso jurídico para sancionar y ordenar como nosotros deberemos manejarlos en detrimento de la autonomía de los Consejos Comunitarios como máxima autoridad de los territorios de comunidades Negras.

Aunque el proyecto tiene alta pretensión de ser participativo, el solo cronograma y la descripción de las metodologías expuestas en la consulta previa, evidenciaron que para el proyecto nuestra participación se limita a las etapas de recolección de información, en donde participaríamos como encuestadores, asistentes de los científicos en la toma de muestras, mediciones, etc. y después en las etapas de divulgación de resultados donde seriamos multiplicadores o aprendices de vivero del bosque seco y de manglar.

Analizando los objetivos, las metodologías y las implicaciones del proyectolos consejos comunitarios, teniendo en cuenta que nosotros en virtud del artículo 32 del Decreto 1745 de 1995, no hemos culminado nuestro proceso de elaboración del plan de administración y manejo de nuestros territorios, consideramos que presenta una serie de vulneraciones de nuestros derechos fundamentales como comunidad negra es decir, al territorio, a la participación a la identidad a la autonomía y a la opción propia de desarrollo.

Por esta razón negamos la entrada de los investigadores al territorio y solicitamos al INCODER establecer un convenio en donde, desde el principio, tengamos real participación de la formulación e implementación de investigaciones que coadyuven a diseñar un plan de coadministración del territorio, que responda a las reales condiciones y necesidades de conservación de los recursos naturales y de ejercicio de nuestros derechos como comunidad étnica.

Por lo anterior concluimos:

1. El PIPARSB NO es el primer plan que se ha pretendido implementar en el Caribe Insular. Desde el año de 1977, se han intentado implementar, infructuosamente, distintos planes y proyectos para la conservación ambiental.

2. Todos los planes, programas y proyectos que se han intentado implementar en el Caribe Insular han sido formulados y ejecutados sin la participación de las Comunidades Negras que habitan la región desde hace más de 180 años.

3. Ninguno de los planes, programas y proyectos han sido consultados con las Comunidades Negras que habitan la región.

4. El PIPARSB surge con ocasión de dar cumplimiento a la Sentencia del 24 de Noviembre de 2011 del Consejo de Estado en la que se concluyó que el Caribe Insular debía tener un modelo de desarrollo sostenible para la conservación de sus recursos naturales deteriorados, según el Alto Tribunal, por la ocupación indebida y por los diversos daños ocasionados por los habitantes de la región.

5. El PIPARSB tiene cinco objetivos los cuales nunca contemplaron la existencia de una comunidad negra.

6. Las razones por las cuales Las Comunidades Negras del Caribe Insular decidimos no concertar el proyecto mencionado fueron de enfoque, jurídicas y técnicas.

7. El enfoque del proyecto era ecosistémico, no humano. En este punto recordamos a la opinión pública que el objetivo de cualquier plan, acto administrativo, programa o proyecto de contenido ambiental es la dignidad humana. Esto no debe entenderse en el sentido en que no estamos obligados a la conservación ambiental, por el contrario, es a nosotros mismos a quien más nos interesa el cuidado ambiental para nuestras generaciones presentes y futuras. El proyecto nunca garantizaba nuestra verdadera participación, antesnos amenazó todo el tiempo con zonificar y señalizar nuestros territorios en donde hemos hecho usos y prácticas ancestrales, poniendo en alto riesgo nuestra seguridad alimentaria y nuestra
opción propia de desarrollo.

8. En lo jurídico se rechazó el proyecto por cuanto este era vulneratorio de los derechos de Las Comunidades Negras a la autonomía, a la identidad, a la participación, al territorio y a una opción propia de desarrollo. El proyecto no reconoció la existencia de los Consejos Comunitarios y tanto en el documento escrito, cuanto en las presentaciones del mismo, nunca se nos trató como comunidades negras. A pesar de que en su título se dice que será participativo, esta participación se limitaba a contratar a nuestra población como encuestadores o como simples encuestados, nunca como sabedores ancestrales o como verdaderos conocedores de nuestro territorio. El proyecto no valoró nuestra capacidad para proponer
proyectos alternativos para el cuidado ambiental. El proyecto tampoco nos reconoció como titulares de nuestro territorio, todavía señalando nuestros territorios como baldíos, a pesar de nuestra titularidad ancestral y de su reconocimiento por medio de la Sentencia T-680 de 2012 de la Corte Constitucional.

9. En lo técnico, se evidencia un claro desconocimiento de nuestra realidad como comunidades negras y de errores graves que demuestran la falta de rigurosidad del proyecto. En las páginas del proyecto no se apega a la realidad existente, en razón a la especial protección constitucional como minoría étnica que merece un cuidado especial. En cambio se nos denominó simples pobladores sin más. presentación del proyecto se encuentra en varios capítulos que no tienen continuidad, ni armonía entre sí. El proyecto asume como línea base varias investigaciones anteriores como el sistema de gestión ambiental SIGAM del año 2010 (contratado por Cardique y la Universidad Jorge Tadeo Lozano) y otros, los cuales no contienen información real sobre nuestro territorio y, se reitera, nunca fueron consultadas ni validadas por nuestros Consejos Comunitarios.

10. Ante estas deficiencias jurídicas y técnicas, propusimos que se hiciera un nuevo Convenio, ya no entre el INCODER y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Cartagena de Indias, sino entre el INCODER y los Consejos Comunitarios. La respuesta del INCODER se limitó a consejocomunitarioislasdelrosario@hotmail.com declarar la legalidad del proyecto en materia de contratación estatal y a la imposibilidad de hacer dicho nuevo convenio, demostrando una vez más la falta de voluntad política que han tenido las entidades del Estado en el reconocimiento de los derechos de la población afro descendiente del Caribe insular.

11. Nuestra contrapropuesta estaba fundamentada en nuestros derechos a la autonomía y a una opción propia de desarrollo.

12. Si bien valoramos el intento de la academia por contribuir a la conservación ambiental, consideramos que el proyecto era desproporcional e irrazonable en relación con los derechos de las comunidades negras, máxime cuando lo que se quería implementar era un esquema de administración de nuestro territorio ancestral, menoscabando los derechos de la comunidad étnica la cual tendría poca o una nula intervenciones la administración del territorio que ancestralmente ha ocupado.

13. De acuerdo con lo anterior, se redactó un documento de respuesta que se encuentra a disposición del público en que anexamos a al presente comunicado titulado “Construyendo Libertad en el Caribe Insular”.

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Publicado en Noticias y comunicados.

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